EL FONDO DE EDUCACION SINDICAL NO ES UNA DADIVA DEL GOBIERNO!!!

MAGISTER: ANIANO PINZÒN REAL

SECRETARIO GENERAL UGT PANAMA

Por disposiciones constitucionales y legales el Estado dedica el 5% del impuesto de seguro educativo a la educación sindical de los trabajadores, para fortalecer los conocimientos y capacidad de defensa de sus derechos, en un país en que tales derechos se violan frecuentemente, bajo conocimiento de las autoridades.

Se trata de recursos provenientes de una deducción del salario del trabajador y por tanto no es una dádiva o regalo del gobierno. Representa un derecho de los trabajadores y una obligación legal que se debe cumplir conforme a la ley y a las reglamentaciones acordadas con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Según datos publicitados por medios de prensa en esta coyuntura de lucha sindical en contra de los intentos de privatización de la Caja de Seguro Social, el presupuesto para educación sindical del MITRADEL asciende a cerca de 14 millones de dólares anuales.

Pero los medios no informan que las organizaciones sindicales no reciben directamente la totalidad de ese monto, sino una proporción minoritaria; y la gran mayoría de esos recursos los gasta directamente el MITRADEL a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL).

Por esta razón las amenazas de auditoría a los fondos de educación sindical no recaen únicamente sobre las organizaciones sindicales, sino sobre la autoridad que ejecuta el gasto de la mayor parte de esos recursos. Desde hace un año el MITRADEL no entrega ni un centavo de esos fondos a las confederaciones y federaciones nacionales, en franca violación a la ley y a los acuerdos de la Comisión de Educación Sindical, organismo tripartito del ministerio que regula la asignación de esos recursos.

La UGT ha entregado puntualmente y en regla los informes auditados de ejecución del gasto y estos nunca han sido rechazados por la autoridad de trabajo, ni por la oficina de la Contraloría General con función fiscalizadora en la institución.

Una situación idéntica ocurrió a finales de 2009 inicios de 2010 cuando el gobierno entrante intentó imponer la “ley chorizo” que fuera derrotada por el pueblo panameño y en un acto de venganza política impulsó una campaña de persecución contra los dirigentes del CONATO, utilizando como fundamento una denuncia similar de una exministra de trabajo. La historia parece repetirse en espiral, y ojalá no sea así, porque una década después los dirigentes sindicales fueron absueltos de toda culpa y la exministra fue condenada por peculado con una sentencia ratificada por la Corte Suprema (https://www.prensa.com/judiciales/sala-penal-no-admite-casacion-y-mantiene-condena-a-exministra-alma-cortes/ .)

A la dirigencia sindical no le extraña que esta historia se repita en una coyuntura en que el movimiento sindical emprende una lucha por la defensa de la autonomía de la CSS y por el retorno del sistema solidario de pensiones; y luego de reiteradas amenazas del Ejecutivo desde el pasado año, de que no se permitirá y se reprimirá el derecho a la movilización y protesta del pueblo panameño.

La dirigencia de las confederaciones de trabajadores no se opone a ninguna auditoría de los fondos públicos que administran las organizaciones para la educación sindical, pero debemos exigir que la misma se realice en el marco de la ley. Rechazamos las intenciones a priori de judicializar las prácticas y procedimientos que han sido previamente acordados con el MITRADEL y la propia Contraloría General de la República. Y sobre todo, rechazamos cualquier intención de politizar esas auditorías con la intención de desarticular a los sindicatos.

El movimiento sindical ha demostrado históricamente que sus luchas sociales dependen de sus propias capacidades.