Buscan regular el uso de cigarrillos electrónicos vaporizadores y calentadores de tabaco
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Por Gustavo A. Aparicio O. / Fotos Erick Osorio
Asamblea Nacional-
Una Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Edwin Vergara, acordó instalar una mesa técnica para discutir, afinar y unificar tres proyectos de ley que buscan establecer regulaciones referentes al uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco.
La subcomisión se reunió, este lunes 9 de marzo, para avanzar en el análisis de estas iniciativas, a través de un proceso de consultas en donde participaron organizaciones de la sociedad civil y empresariales, algunas de las cuales se manifestaron a favor o en contra de estos proyectos de ley. También, participaron representantes de entidades gubernamentales vinculados con el tema, entre estos directivos de la Autoridad Nacional de Aduanas.
Uno de los proyectos en discusión es el 263, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina; impulsado por el diputado Crispiano Adames.
El segundo proyecto es el 347, que modifica la Ley 13 de 24 de enero de 2008, para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados, propuesto por el diputado Joseph Isaza. Y la tercera iniciativa es la 467, que regula el uso, comercialización, publicidad, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, bolsas para consumo oral, productos calentados para inhalación, líquidos de vapeo y sistemas similares sin nicotina, que modifica artículos de la Ley 45 de 1995 y dicta otras disposiciones, impulsado por el diputado Medín Jiménez.
El diputado Crispiano Adames, proponente del proyecto de ley 263, consideró que en estos momentos se tiene la gran oportunidad de condensar las tres iniciativas legislativas para producir una regulación firme, segura y sólida, que vaya en defensa de las futuras generaciones de nuestro país, ante el uso del tabaco y de dispositivos como los cigarrillos electrónicos, que asegura, le hacen un notable perjuicio a la salud humana. Apunto que el objetivo primordial es el de legislar por la salud y la vida de todos los panameños.
“Aprovechemos esta oportunidad para entrar a la regulación concreta, firme y decidida, no solamente con referencia a los menores de edad, sino a la prohibición en los espacios públicos, a los espacios privados, a la publicidad y a la promoción, y también de los beneficios solidarios que han de generarse con una ley que debe ir hacia la recaudación de impuestos particulares de vaporizadores, que no están tasados en este momento en nuestro derecho fiscal”, precisó Adames.
En tal sentido, el presidente de esta subcomisión, diputado Edwin Vergara, manifestó que se hará una mesa técnica integrada por los diferentes actores para unificar criterios sobre los tres proyectos de ley, principalmente buscando el beneficio para la salud pública de los panameños.
En la reunión de la subcomisión, intervino Yoanny Prestán, jefa de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional de Aduanas, quien indicó que una de las grandes preocupaciones de la entidad es el tema de los dispositivos o cigarrillos electrónicos.
“Sabemos que en el tema del contrabando de cigarrillos tenemos tareas por hacer, como lo es la trazabilidad. No estamos atacando al comercio, queremos que lo hagan de la mejor forma y que procuren la salud del pueblo panameño. Como ejecutores de las normas que respetan el derecho a la salud, se debe proteger a nuestra juventud”, afirmó Prestán.
Agregó que, por tratados internacionales, el país está obligado y conminado a establecer políticas de regulación sobre este tipo de productos.
“Todo aquel comerciante que se involucra en estas actividades tiene que conocer los pro y los contras y los riesgos de su negocio. Lo que nos corresponde a las entidades del Estado es proteger la salud del pueblo panameño y cada ciudadano, de acuerdo a sus principios de autodeterminación del consumo, ya sabrá los riesgos que va a asumir”, concluyó Prestán.









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