AVANZA LEGISLACIÓN PARA QUE MINSA APOYE A VÍCTIMAS DE ENGAÑO EN PROCESO DE TRATAMIENTOS MÉDICOS-ESTÉTICOS

Pondrán un cerco a los “cazadores de belleza” con la iniciativa legislativa que regula y reglamenta las sustancias de rellenos inyectables en tratamientos médicos-estéticos-, aprobada en tercer debate y en espera de la sanción a fin de que el MINSA expida la lista de uso permitidas y no permitidas.

El Proyecto No.18, aprobado con 44 votos, establece un marco normativo que regule el uso, la aplicación y comercialización de sustancias modelantes y/o de relleno inyectables permitidas en tratamientos corporales y faciales con fines médicos-estéticos.

La iniciativa, del diputado Crispiano Adames Navarro, establece su aplicación a toda persona natural o jurídica, en el sector público o privado, en todo el país, que produzca, importe, exporte, comercialice, done, use o aplique sustancias modelantes o de relleno inyectables en tratamientos corporales y faciales con fines médicos– estéticos.

DISPOSICIONES INTERESANTES DEL PROYECTO 18 • Se crea el marco normativo que reglamenta qué sustancias se pueden y cuáles no se pueden infiltrar en el cuerpo.

El Minsa tendrá que expedir el listado de los productos permitidos y los prohibidos.

• Se establece una comisión especial encargada de crear un protocolo médico para el tratamiento de los pacientes con alogenosis iatrogénica, el síndrome de Asia o de cualquier otra enfermedad, causada por la aplicación de estas sustancias modelantes y, así, garantizar su adecuada atención.

• Reafirma la función del Ministerio de Salud de su responsabilidad de inspeccionar, denunciar y supervisar sobre este tema de salud pública para que las víctimas silenciosas, los cuales en su mayoría temen destapar su amarga experiencia, por vergüenza u otros asuntos, tengan respuesta.

• Tiene el propósito de establecer estrategias preventivas en la materia e implementar medidas a favor de las víctimas que requieren atención médica y psicológica en todo el territorio nacional.

• Aplican sanciones de 10 mil hasta 20 dólares, como las consecuencias penales y civiles.

• Compromete a la institución del Gobierno en el apoyo de las víctimas con los especialistas para mermar las consultas y acortar los tiempos para las citas quirúrgicas.